Violencia, pobreza y el acceso a la tecnología, lo que más preocupa a las mujeres con discapacidad en Latinoamérica

Mujer con discapacidad (ilustración)

El covid 19 acentuó la situación de vulnerabilidad del colectivo

Redacción

Representantes de organizaciones de mujeres con discapacidad de Latinoamérica ha alertado de la “situación de vulnerabilidad” en la que se encuentran las mujeres y niñas con discapacidad en esta región por la mayor exposición a la violencia, a la pobreza y por las dificultades de acceso a las nuevas tecnologías, entre otros factores.

Así se puso de manifiesto durante el 11 webinario del ciclo ‘No estás sola’, un proyecto con la que la Fundación Cermi Mujeres (FCM) analiza cada miércoles de manera telemática un asunto concreto relacionado con la pandemia de coronavirus y con la que impulsa el acompañamiento y participación de las mujeres con discapacidad y las madres y cuidadoras en primera persona, tanto de España, como de Latinoamérica y otros Estados europeos.

Durante el encuentro, conducido por la vicepresidenta ejecutiva de la FCM, Ana Peláez, la representante de mujeres con discapacidad de Sololá de Guatemala, Vivian Cecilia Quisquiná, indicó que “este es un país marcado por la desigualdad”, de modo que durante la pandemia el colectivo de mujeres con discapacidad ha puesto en marcha un proyecto para proporcionar alimentos y medicinas a las mujeres con discapacidad, sobre todo en el entorno rural.

“Ellas están cansadas de que las administraciones les pidan datos y nunca llegue la ayuda”, criticó Lídice Rincón, quien deploró también las dificultades de acceso al sistema educativo, “porque no se contempla la accesibilidad”.

Gabriela Troyano, voluntaria de la Asociación Azul y exdiputada nacional en Argentina, lamentó que solo el 26% de las mujeres con discapacidad tiene empleo, frente al 40% de hombres. Además, de las que no tienen trabajo, un 40% no recibe ninguna ayuda económica. Eso sí, valoró que se están produciendo progresos, como el nombramiento de mujeres con discapacidad en el Ministerio de la Mujer y que este año se abordará la erradicación de las esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad.

LA PANDEMIA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Rubidia Cornejo, miembro fundadora de la Asociación de Mujeres Ciegas de El Salvador (Amuces), centró su atención en “la pandemia de la violencia de género, que aquí nos afecta desde siempre”. Además, declaró que los protocolos de atención a la violencia durante la pandemia no tienen en cuenta a las mujeres con discapacidad.

Desde Ecuador, intervino Liliana Sanafria, de la Red Latinoamericana de Personas con discapacidad y sus Familias (Riadis), quien se mostró alarmada por el hecho de que “en torno al 80% de las personas que han necesitado apoyo de la organización de discapacidad durante la crisis del Covid-19 en la provincia más afectada eran mujeres, y de estas, el 85% había sufrido algún tipo de violencia”. Detalló que esta labor han tenido que hacerla “puerta a puerta”, porque el acceso a las tecnologías “era muy pobre”.

Por su parte, Lídice Rincón, presidenta de Fundación Gilberto Rincón de México, apuntó que “el talón de Aquiles de las mujeres con discapacidad es la pobreza” y “la pandemia nos estalló en la cara” con esta situación. En este sentido, reprobó que “se hayan suspendido los programas de apoyo” y avisó también de la mayor exposición a la violencia de las mujeres con discapacidad, “lo que en el confinamiento se volvió más complicado”.

EL ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS, UNA LIMITACIÓN

Iliana Chacón, directora ejecutiva de Fundación Derechos Humanos, Mujer y Discapacidad de Costa Rica, denunció que “las ONG estamos muy limitadas, porque las mujeres con discapacidad son las que tienen menos recursos y las que tienen menos posibilidades de ser comunicadas por Internet”.

En este sentido, Elisabeth Campos, directora ejecutiva de la Comisión de Damas Invidentes del Perú (Codip), resaltó la importancia de las nuevas tecnologías para atender las necesidades de la población femenina con discapacidad, sobre todo en el caso de las mujeres con discapacidad sensorial.

Por otro lado, Marcela Benavides, presidenta de la Corporación Círculo Emancipador de Mujeres y Niñas con Discapacidad de Chile (Cimunidis), denunció el trato que se brinda en este país a las personas con discapacidad psicosocial, poniendo como ejemplo que en 2018 se “triplicaron” los ingresos involuntarios. Por ello, reclamó “una agenda Covid inclusiva con las mujeres con discapacidad, que prime la vida independiente y la apuesta por hogares inclusivos con apoyos”.

Sandra Ramalhoso, del movimiento de la discapacidad de Brasil, censuró la política que el Gobierno de Bolsonaro está ejecutando durante la pandemia y criticó la “situación dramática” de falta de recursos en la que se encuentran muchas mujeres con discapacidad, expresando especial preocupación por las que tienen discapacidad intelectual.

Mientras, Cristina Francisco, fundadora del Círculo de Mujeres con Discapacidad de la República Dominicana (Cimudis), incidió en los problemas de accesibilidad de la información difundida por las autoridades sobre la pandemia. “La tecnología generó muchas carencias”, señaló esta experta, quien comentó que se ha tenido que poner en marcha un proyecto de atención telefónica para momentos de crisis y asesoramiento sobre derechos sexuales y reproductivos.

Precisamente, Bubulina Moreno, dirigente de Colectiva Polimorfas de Colombia, centró su intervención en denunciar que “el capacitismo está insertado en todos los sectores sociales” y reivindicó el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad. Durante la pandemia, lamentó que se hayan tenido que aplazar encuentros previstos para favorecer el empoderamiento de estas mujeres, “aunque ahora hemos logrado reunirnos por Internet”.

Por último, el webinario contó también con la presencia de Sandra Darce, presidenta de la Federación Femucadi de Nicaragua; Claudia Reyes, directora de la Asociación Talla Baja de Paraguay, y, desde Uruguay, María Gabriela Bazzano, directora del Programa Nacional de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social, y María Antonia Irazábal, del Área de Género del Programa Nacional de Discapacidad.