El Parlamento Europeo refuerza la protección social de las trabajadoras autónomas

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El Presidente de la Fundación ONCE, D. Alberto Durán López, presentó el libro que recoge nuevehistoriasen torno a la inserciónlaboral de personas con discapacidad.

El Parlamento Europeo Abre nueva ventana (PE) ha dado luz verde a la revisión de una directiva que refuerza y extiende la protección social de las trabajadoras autónomas y de las esposas o parejas de hecho de los trabajadores por cuenta propia, sin que estas garantías queden limitadas a sectores concretos, como el agrícola.

De acuerdo con esta directiva, será competencia de cada Estado decidir si el acceso al sistema de seguridad social (que cubre las bajas por maternidad, enfermedad e invalidez, así como la jubilación) es voluntario u obligatorio. Además, cada país también decidirá si esta protección social puede ser proporcional a la participación en las actividades del trabajador autónomo, al nivel de cotización o a ambos.

La protección de la directiva engloba la baja por maternidad. Así, el texto considera que las trabajadoras autónomas embarazadas o cónyuges de un trabajador por cuenta propia deben tener derecho a 14 semanas de permiso de maternidad, que es el mínimo europeo establecido para las trabajadoras por cuenta ajena.

A este respecto, la institución europea subraya que las parejas de hecho de los trabajadores autónomos deben tener acceso a "cualquier servicio existente que facilite una sustitución temporal que posibilite las interrupciones de su actividad profesional a causa de embarazo o maternidad". El acceso a dichos servicios puede ser una alternativa al subsidio por maternidad o complementarlo.

Como ejemplo, cabe citar a España, donde el periodo de descanso por maternidad es de 16 semanas, tanto para trabajadoras contratadas como autónomas. La prestación también contempla a las parejas de hecho y cónyuges de trabajadores por cuenta propia. De estas 16 semanas, las seis posteriores al parto son obligatorias.

Está previsto que el Consejo apruebe formalmente el acuerdo el próximo 7 de junio. Los Estados miembros tendrán entonces dos años para transponer la directiva, o cuatro años para los países que "encuentren dificultades".

 

 

 


Nathalie Domínguez