Para normalizar el acceso de los estudiantes con discapacidad
Redacción
Fundación ONCE ha presentado un informe sobre la situación actual de los estudiantes con discapacidad en la universidad, que apuesta por implementar políticas de inclusión transversales para mejorar el acceso y el paso de los estudiantes con discapacidad por los campus españoles.
‘La inclusión de las personas con discapacidad en el sistema universitario español’ además ofrece una serie de recomendaciones para mejorar tanto el acceso como la estancia de los universitarios con discapacidad en estas instituciones. Refiere que algunos alumnos siguen enfrentándose a problemas de accesibilidad, falta de adaptaciones y estigmatización por causa de su discapacidad.
En su elaboración han participado 40 de las 48 universidades públicas españolas, además de entidades como Fundación Universia, CRUE, Aneca y ESN, que reconocen un avance, aunque «más lento y débil de lo esperado», en los últimos años, pero también la necesidad de seguir trabajando para hacer más inclusivo el paso de estos alumnos por las enseñanzas superiores.
El estudio, elaborado con un enfoque cualitativo en verano de 2024, se hizo mediante entrevistas en profundidad y grupos focales en los que hubo representación de rectores, responsables de los servicios de atención a la discapacidad, estudiantes con discapacidad y personal docente e investigador con y sin discapacidad.
Se presentó en un acto celebrado en ‘Por Talento Digital’, el centro de formación en nuevas tecnologías de Fundación ONCE, y contó con la participación de Juan Cruz, secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades; Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE; Ana María Lisbona, miembro del Comité Ejecutivo de CRUE-Asuntos Estudiantiles y vicerrectora de Estudiantes e inclusión de la UNED, y Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).
El informe
El informe reconoce un “avance” en la inclusión de las personas con discapacidad en las universidades españolas, pero “insuficiente” para garantizar la igualdad de oportunidades y los derechos del colectivo en los campus, ya que es “más lento y débil de lo esperado”. Para progresar, el estudio considera que debe producirse “un cambio en la mirada y un cambio cultural, tanto de la sociedad en general como de las instituciones universitarias en particular”.
En este sentido, el trabajo afirma que “el principal reto es la transversalidad de las políticas de inclusión en las instituciones universitarias“ y confía en la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aunque considera que tiene “deficiencias que limitan su implementación, especialmente por la falta de financiación económica para el despliegue de las medidas aprobadas”.
Para Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, uno de los mensajes que más resuenan en este informe es “que hemos avanzado, pero no podemos quedarnos ahí”. Insistió en que los desafíos “siguen siendo muchos” y mostró su deseo de que todas las ideas que se plasman en el informe “nos guíen para orientar nuestras futuras actuaciones y mejorar nuestras alianzas”. “Hace falta una financiación clara, una voluntad política firme y un seguimiento activo”, concluyó.
Según datos del Observatorio sobre Discapacidad y Trabajo (Odismet) de 2023, el 19,2% de las personas con discapacidad finaliza estudios universitarios, un porcentaje que en el caso de la población sin discapacidad llega al 39%. Pese a esta diferencia, cabe señalar que el número de alumnos con discapacidad que acceden a estudios superiores ha ido incrementándose en la última década hasta superar los 22.000, una cifra que representa el 1,6% del total del alumnado en la universidad.
Además de estar poco representadas en la universidad, las personas con discapacidad que pasan por ella encuentran barreras de inclusión en su estancia, ya que espacios, materiales y contenidos digitales no siempre son accesibles y las adaptaciones que precisan para seguir las clases con normalidad tampoco se aplican en todos los casos como debieran, en buena medida “por las actitudes y reticencias de una parte del profesorado”. Por este motivo, el informe aboga por contar con “criterios unánimes y garantistas en todas las universidades” para realizar estas adaptaciones y ajustes razonables.
En la misma línea, el documento advierte una baja participación del estudiantado con discapacidad en la vida universitaria en actividades extracurriculares y “bastante escasa” en órganos de representación, principalmente debido a la falta de adaptaciones y de accesibilidad y al sobreesfuerzo que les supone. “La movilidad internacional también es muy baja”.
Por otra parte, los estudiantes con discapacidad perciben dificultades para la realización de prácticas curriculares y extracurriculares, a pesar de las acciones de búsqueda y gestión de estas prácticas.
Otro aspecto que analiza el trabajo es el de la “invisibilidad” de la discapacidad que deciden adoptar algunos estudiantes para que no se les considere menos capaces, como ocurre en ocasiones, y se les estigmatice.
A este respecto, hay consenso al considerar que las actitudes negativas podrían superarse con formación y sensibilización sobre inclusión y atención a personas con discapacidad, que es una de las recomendaciones que hace el informe.
