Fundosa Social Consulting de Castilla –La Mancha junto con la Escuela universitaria de Magisteriohan organizado las primeras Jornadas Universitarias de la Discapacidad en Toledo.
Entre ellas, destaca el propósito de incidir política y técnicamente para que el Gobierno de España apruebe un nuevo baremo de valoración de la discapacidad, que sustituya al vigente de 1999.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi 
) ha elaborado un documento donde fija sus prioridades en materia de valoración de la discapacidad para el periodo 2010-2012.
Así, el Comité destaca que quiere aprovechar su presencia, como miembro de pleno derecho en la Comisión Estatal de Seguimiento del Grado de Discapacidad, a través de la figura de Miguel Pereyra, para poder acceder a toda la información, participar en los trabajos y en la toma de decisiones, elevar las quejas o plantear problemas relacionados con la valoración de la discapacidad, así como también formular propuestas y sugerir criterios de actuación o decisión.
Otra de las prioridades que marca el Comité, en este sentido, es incidir política y técnicamente para que el Gobierno de España apruebe un nuevo baremo de valoración de la discapacidad, que sustituya al vigente de 1999, que, según el Cermi, está "claramente desfasado".
"Materializaríamos el compromiso electoral adquirido de contar en esta legislatura con un instrumento de valoración acorde con la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud (CIF) y con el modelo social de entender la discapacidad que consagra la Convención de la ONU", afirma en el documento.
En este sentido, sostiene promover la unificación de criterios de actuación en todo lo relacionado con la valoración, con el objetivo de que no existan desigualdades, tratos diferenciados o agravios por el lugar en donde resida una persona. "El baremo de discapacidad es único para todo el Estado y debe aplicarse con uniformidad", asegura el movimiento asociativo.
También insiste en apoyar las iniciativas en curso, parlamentarias y de otra índole, para "ampliar el concepto de la declaración de movilidad reducida con arreglo a los nuevos paradigmas de autonomía personal y accesibilidad universal, así como su extensión a otros grupos de personas con discapacidad con necesidades de apoyo para su movilidad, comunicación o comprensión del entorno, que, tradicionalmente, han estado excluidos de esta declaración".
Además, pide prestar atención e incidir en la normativa que prepara el Gobierno sobre la coordinación de los servicios de valoración de la discapacidad y los servicios públicos de empleo, con el fin de facilitar la intermediación y el acceso de las personas con discapacidad al mercado de trabajo, superando las dificultades actuales.
Para ello, el Cermi considera que "hay que tratar de que en este nuevo marco de coordinación, se otorgue un reconocimiento oficial a las organizaciones de personas con discapacidad y a las entidades especializadas, sin ánimo de lucro, en la esfera de la intermediación laboral, como colaboradoras de los servicios públicos de empleo".
Por último, la plataforma resalta en el documento que "hay que plantear soluciones para determinadas categorías o discapacidades, que tienen problemas muy acusados en los aspectos de valoración, a causa de las insuficiencias del baremo vigente, como es el caso de las discapacidades de base neurológica, las discapacidades orgánicas, de base autoinmune, los trastornos de desarrollo, la inteligencia límite o las personas con acondroplasia, entre otras".
El Cermi es la plataforma de representación y encuentro de las personas con discapacidad que aglutina a casi 5.000 asociaciones y entidades, que representan en su conjunto a los cerca de cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España. Su objetivo es conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía en igualdad de oportunidades de este colectivo.
Fuente: Servimedia
